“Las víctimas de violencia de género son tratadas en ocasiones como sospechosas”

THRibune | Amalia Fdez Doyague

 

Daniel Leguina / Madrid

 

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández utiliza todos los recursos que la ley le otorga para luchar por la igualdad de género. Entre los objetivos de la organización que preside desde el pasado año, destaca la promoción de la equidad jurídica entre hombres y mujeres, así como impulsar propuestas para modificar las distintas normativas que atentan contra los derechos de las mujeres.

- ¿Está a favor de regular la prostitución como en Holanda y como piden varios sectores de la sociedad española?

- No, la prostitución no es una profesión, es una forma de violencia y por ello no se puede regular. Si cita usted el caso de Holanda, le diría que su experiencia nos debería llevar a rechazar la regulación, pues es un claro ejemplo de que en dicho país no sólo no ha mejorado la situación de las mujeres que ejercen la prostitución, sino que se han creado las estructuras para que las mafias trabajen legalmente.

- Siendo la prostitución uno de los pilares de la economía sumergida y las mafias en España, ¿si finalmente no se regula qué alternativas existen?

- La vulneración de derechos de una gran parte de la sociedad, que son las mujeres y las niñas, no se pueden valorar en cifras económicas, y mucho menos como una actividad mercantil. Pero llama la atención que cuando desde todos los estamentos nacionales e internacionales se habla de erradicar la violencia contra las mujeres, se esté valorando el hecho de regular una actividad en la que se violan derechos fundamentales y a través de la cual podrán camuflarse a su antojo las mafias. Es una contradicción.

- La presidenta de APRAMP, Rocío Nieto, decía recientemente que la prostitución en España es ya un asunto de esclavitud sexual. ¿Está de acuerdo?

- Evidentemente, esa es la realidad que se pretende regular, no para mejorar las condiciones de las mujeres que ejercen la prostitución sino facilitando a las mafias su trabajo.

- ¿Más allá de las penas a los proxenetas, habría que desmantelar la estructura de la trata de mujeres con fines de explotación sexual para que la lucha sea eficaz?

- Habría que tratar el problema como lo ha hecho, por ejemplo, Suecia, estableciendo medidas contra quien solicita el servicio y por ello penalizando al cliente. En los países que han optado por esa vía, las mafias no se encuentran a gusto y tienen menor presencia.

- La violencia de género no está siendo percibida por los jóvenes como algo malo, según la Federación de Mujeres Jóvenes. ¿Estamos ante un problema de educación y, a la vez, cultural?

- Estamos ante un problema social, la violencia es falta de igualdad y trasciende a todas las esferas; basta con ver los anuncios de televisión para entender el uso que se hace de la mujer: utilizan la violencia para vender un vaquero o un perfume, y esa violencia no es percibida por los jóvenes, sino que les parece atractiva. En estos mismos anuncios vemos que quien conduce el coche es el hombre, y la mujer es la encargada de la limpieza de la casa y, por supuesto, siempre es la que anuncia los alimentos dietéticos. En idéntico sentido vemos la falta de igualdad en la educación: la presencia de la mujer en los textos docentes es inexistente, el lenguaje no es igualitario.

- ¿Cómo se puede conseguir que las víctimas de violencia de género se acerquen y utilicen los recursos que el Estado les brinda?

- Creyendo en ellas. Sólo en los delitos que afectan a las mujeres y las niñas se habla de denuncias falsas y pruebas de credibilidad.

- ¿Pero por qué a tantas mujeres les cuesta denunciar?

- Las víctimas se sienten tratadas en ocasiones como sospechosas, mientras en otros delitos, como por ejemplo en una estafa, la víctima denuncia y su denuncia se tramita. En los delitos de violencia, la mujer que denuncia no sólo siente que el sistema no le cree, sino que además cuando se atreve a denunciar puede encontrarse con que el presunto maltratador la ha denunciado a ella, y cuando por fin cree que va a contarle al juez el calvario que ha sido su vida y que encontrará la tutela judicial efectiva, se encuentra que su posición procesal ha cambiado y que comparece como denunciante y denunciada.

- ¿El abordaje a la violencia de género cuenta con un soporte asistencial suficiente en nuestro país?

- No, la ley integral no ha tenido la dotación que exigía. En este sentido y a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su aprobación, seguimos sin unidades de valoración y sin la especialización que la normativa exige en todos los operadores jurídicos, médicos y demás personal.

- ¿Alargar la privación de libertad a pederastas y violadores es una solución?

- Legislar a golpe de suceso nunca resuelve nada.

-¿Cuál es la reforma más urgente que necesita el Código Penal en lo que se refiere a igualdad?

-El Código Penal es la ‘ultima ratio’.

- ¿De qué manera está afectando la crisis a las pensiones de las madres separadas con hijos a su cargo?

- La crisis está sirviendo de base a demandas de modificación de medidas por parte de los progenitores obligados al pago de una pensión, si bien, creo que los jueces de nuestro país han sabido detectar cuándo esta crisis era cierta y cuándo era creada ‘ex post’.

- ¿Qué hace falta para que la lucha contra la corrupción de menores sea más efectiva?

- Un mayor control de la red por policía especializada y por los padres, a la par que formación a los menores en los colegios desde una edad muy temprana.

- ¿Es la cadena perpetua revisable una solución a los delitos de terrorismo?

- Esta medida no responde a una petición social y mucho menos a la realidad social de nuestro país.

España sigue sin indemnizar a una víctima de violencia de género cuyo marido asesinó a su hija

THRibune | Daniel Leguina

La ONU falló el pasado julio a favor de la madre tras doce años de lucha

 El Estado alega que no hay base jurídica para asumir la compensación

Daniel Leguina.   Madrid 05/03/2015

Rabia, indignación, impotencia y tristeza. Estas son, por nombrar sólo algunas, las emociones y sentimientos que estos días ocupan el corazón de Ángela González Carreño, madre de una niña de siete años, de nombre Andrea, asesinada en 2003 por su padre maltratador en una visita sin vigilancia autorizada por el juzgado. Todo este dolor se debe a la negativa del Estado español de asumir su responsabilidad en el caso, después de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fallara a favor de esta madre luchadora y condenara a España a indemnizarla.

Este organismo internacional, dependiente de la ONU, estimó el pasado julio que hubo responsabilidad de las autoridades españolas en la muerte de Andrea, derivada de una actuación negligente, después de que Ángela pusiera más de cuarenta denuncias ante el maltrato sistemático, físico y psicológico, que madre e hija sufrían por parte del padre maltratador; peticiones de ayuda ante las que las autoridades, judiciales y policiales, hicieron oídos sordos y permitieron el régimen de visitas sin vigilancia. En una de estas visitas el padre mató a su hija y se suicidó.

Para denunciar su actual situación de indefensión y abandono por parte del Estado español, Ángela convocó recientemente un encuentro con los medios de comunicación y representantes de distintas organizaciones de derechos humanos. También acudieron a la cita Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link Worldwide, organización que lucha en los cinco continentes en el campo de activismo legal por el derecho de las mujeres y la igualdad de género y que se ocupa del caso de Ángela, así como Gema Fernández, abogada de dicha institución.

Ángela, en su alocución, denunció que lleva “doce años pidiendo justicia y que me devuelvan la dignidad. España está obligada a reparar y compensar el daño causado y no lo está haciendo. Alegan que ellos no gobernaban cuando ocurrieron los hechos y que ha pasado mucho tiempo”.

Asimismo, advirtió que “los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles y se olvidan rápido, y a la sociedad no le duele tanto como, por ejemplo, los de carácter terrorista”.

La actuación de la justicia fue negligente en mi caso y para mí ha sido un proceso de doce años muy duros; me cuesta mucho recordarlo porque me derrumbo”, dijo Ángela con la voz entrecortada y a punto de romper a llorar.

Por su parte, la abogada Gema Fernández aclaró que “hasta el momento no tenemos noticias del Ministerio de Justicia, a pesar de la cantidad de escritos que les hemos enviado para que adopte medidas, por respeto a los derechos humanos. El Estado no quiere reconocer un problema estructural y argumenta que no hay base jurídica para asumir la indemnización, pero la realidad es que 20 menores murieron en 2014 en situaciones muy parecidas a la de Andrea”.

Fernández manifestó que “el 97 por ciento de los maltratadores consiguen el régimen de visitas, mientras que la formación relativa a igualdad y violencia de género es nula. Con las modificaciones necesarias morirían menos niños”.

Por otro lado, Viviana Waisman declaró que “no se trata de un asunto de partidos políticos. La situación es límite y el Estado español sigue sin asumir su responsabilidad. Nuestra obligación es intentar por todos los medios que algo así no vuelva a suceder”.

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