Un viaje de ida y vuelta

Eva Mª Pradana Suárez

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Apenas han conseguido dar unos pequeños pasos, -para ellos, de gigante-, en territorio español, cientos de personas son deportadas a su país de origen, y ello, en el mejor de los casos.

Las fronteras de nuestro país, puerta de entrada a Europa, afrontan la llegada masiva de personas de nacionalidades diversas -o incluso sin ella-, en busca de lo que a su entender sería una vida mejor, el acceso a un continente repleto de oportunidades, el fin a sus días de hambre y esclavitud… lo que no se esperan, es que se les esté esperando con los brazos cerrados.

La práctica de poner a disposición de las autoridades de otro país, -en nuestro caso, el vecino Marruecos-, a las personas interceptadas cruzando de forma ilegal las fronteras de España prescindiendo de todo cauce legal y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, vienen a denominarse “expulsiones o devoluciones en caliente”.

De los tres procedimientos; -expulsión, denegación de entrada y devolución-, contemplados en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, -en adelante, LOEx-, y el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento, -en adelante, RLOEx-, se podría decir que las “expulsiones en caliente” no se ajustan a ninguno de ellos.

Las “expulsiones en caliente” NO están sometidas a la previa tramitación del correspondiente expediente administrativo ni existe resolución motivada alguna que valore los hechos constituyentes de infracción. NO son tampoco prohibiciones de entrada en tanto que los extranjeros sometidos a esta “devolución en caliente” ya están en territorio español, por mucho que el Estado haya creado el concepto de “fronteras operativas”, determinadas de forma caprichosa y no ajustada a los tratados internacionales de delimitación de territorios que al efecto legal deberían aplicar. Teniendo además por supuesto que, en su condición de funcionarios públicos del Estado español, y en el ejercicio de las funciones de su cargo, los agentes de las Fuerzas de Seguridad que ejecutan las “devoluciones en caliente”, están -o deberían estar- sometidos en todo momento al cumplimiento de la Constitución y del resto de leyes que rigen en nuestro país, con independencia de si el extranjero sobre el que ejercen tal devolución está dentro o fuera de esas mal definidas “fronteras operativas” y, asimismo, con independencia de por donde hayan entrado al país.

Y finalmente, y pudiendo acogerse este procedimiento al contexto del artículo 58.3.b) LOEx, NO se verifican tampoco, en la mayoría de los casos, los requisitos legales de asistencia jurídica y de intérprete, -en su caso-, exigidas por la ley en el momento de la detención y durante el proceso de emisión de la resolución de devolución por la autoridad correspondiente.

Dejemos de un lado la legislación de nuestro país y hablemos de personas… ¿acaso las autoridades que practican las “devoluciones en caliente”, tienen idea de las razones por las que los extranjeros que llegan a nuestras fronteras deciden jugarse la vida al intentar cruzarlas? ¿se les da la oportunidad de expresar de alguna forma las circunstancias motivadoras de la huida de su país? ¿y si se tratase de menores de edad? ¿o víctimas de explotación sexual? ¿o merecedores de protección bajo la institución del asilo? ¿Debería dárseles el mismo trato o merecen una mayor protección?

Nadie pregunta. Nadie quiere saber y a nadie importa. Las “expulsiones en caliente”, impiden cualquier alegación por parte del expulsado. NO existe tratamiento individualizado de los ciudadanos extranjeros interceptados. En cierto modo, hasta podrían circunscribirse dentro del marco de las expulsiones colectivas antes esta falta de individualización de cada caso. Siendo así, ¿qué sentido tendría una reforma de la actual legislación de extranjería para dar cobertura a las devoluciones en caliente si ni siquiera parece que estén amparadas por la legislación internacional? España como parte de muchos Convenios y Convenciones de protección y defensa de los Derechos Humanos NO puede llevar a cabo prácticas que puedan poner en entredicho ciertos derechos fundamentales y otros muchos reconocidos a nivel internacional y que directamente se ven afectados ante estas prácticas, como viene a ser el derecho de asilo, recogido en la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y en el Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y en la normativa de la UE, que también garantiza el pleno ejercicio de este derecho en el art. 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Toda persona llegada a nuestro territorio debe ser merecedora de ese derecho de expresión; de tener acceso a una defensa jurídica gratuita que estudie y ampare su causa; de un procedimiento individualizado en base a sus circunstancias personales; derecho a no ser retornado forzosamente a un lugar en que su vida corra peligro… toda persona tiene estos derechos… pero no a todo el mundo se le da la oportunidad de ejercitarlos.