España sigue sin indemnizar a una víctima de violencia de género cuyo marido asesinó a su hija

THRibune | Daniel Leguina

La ONU falló el pasado julio a favor de la madre tras doce años de lucha

 El Estado alega que no hay base jurídica para asumir la compensación

Daniel Leguina.   Madrid 05/03/2015

Rabia, indignación, impotencia y tristeza. Estas son, por nombrar sólo algunas, las emociones y sentimientos que estos días ocupan el corazón de Ángela González Carreño, madre de una niña de siete años, de nombre Andrea, asesinada en 2003 por su padre maltratador en una visita sin vigilancia autorizada por el juzgado. Todo este dolor se debe a la negativa del Estado español de asumir su responsabilidad en el caso, después de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fallara a favor de esta madre luchadora y condenara a España a indemnizarla.

Este organismo internacional, dependiente de la ONU, estimó el pasado julio que hubo responsabilidad de las autoridades españolas en la muerte de Andrea, derivada de una actuación negligente, después de que Ángela pusiera más de cuarenta denuncias ante el maltrato sistemático, físico y psicológico, que madre e hija sufrían por parte del padre maltratador; peticiones de ayuda ante las que las autoridades, judiciales y policiales, hicieron oídos sordos y permitieron el régimen de visitas sin vigilancia. En una de estas visitas el padre mató a su hija y se suicidó.

Para denunciar su actual situación de indefensión y abandono por parte del Estado español, Ángela convocó recientemente un encuentro con los medios de comunicación y representantes de distintas organizaciones de derechos humanos. También acudieron a la cita Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link Worldwide, organización que lucha en los cinco continentes en el campo de activismo legal por el derecho de las mujeres y la igualdad de género y que se ocupa del caso de Ángela, así como Gema Fernández, abogada de dicha institución.

Ángela, en su alocución, denunció que lleva “doce años pidiendo justicia y que me devuelvan la dignidad. España está obligada a reparar y compensar el daño causado y no lo está haciendo. Alegan que ellos no gobernaban cuando ocurrieron los hechos y que ha pasado mucho tiempo”.

Asimismo, advirtió que “los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles y se olvidan rápido, y a la sociedad no le duele tanto como, por ejemplo, los de carácter terrorista”.

La actuación de la justicia fue negligente en mi caso y para mí ha sido un proceso de doce años muy duros; me cuesta mucho recordarlo porque me derrumbo”, dijo Ángela con la voz entrecortada y a punto de romper a llorar.

Por su parte, la abogada Gema Fernández aclaró que “hasta el momento no tenemos noticias del Ministerio de Justicia, a pesar de la cantidad de escritos que les hemos enviado para que adopte medidas, por respeto a los derechos humanos. El Estado no quiere reconocer un problema estructural y argumenta que no hay base jurídica para asumir la indemnización, pero la realidad es que 20 menores murieron en 2014 en situaciones muy parecidas a la de Andrea”.

Fernández manifestó que “el 97 por ciento de los maltratadores consiguen el régimen de visitas, mientras que la formación relativa a igualdad y violencia de género es nula. Con las modificaciones necesarias morirían menos niños”.

Por otro lado, Viviana Waisman declaró que “no se trata de un asunto de partidos políticos. La situación es límite y el Estado español sigue sin asumir su responsabilidad. Nuestra obligación es intentar por todos los medios que algo así no vuelva a suceder”.